El TSJA da la razón al Ayuntamiento en dos nuevas sentencias urbanísticas denunciadas por la Junta.

 

La concejal de Gestión de la Ciudad, Eloísa Cabrera,  ha querido ser escueta en sus declaraciones. Tan sólo ha vuelto a insistir “en un hecho que se va reforzando en cada sentencia firme que llega al Ayuntamiento en cuanto al urbanismo local, no es más que la persecución a la que está sometido nuestro Consistorio por parte del Gobierno autonómico, cuando una vez tras otra, las resoluciones judiciales nos dan la razón en la tramitación municipal del planeamiento y la concesión de licencias”, a lo que añadió,  “vuelvo a pedir una vez más, a quienes acusan en el momento de la denuncia y callan cuando llega la sentencia que tengan responsabilidad política y no hagan demagogia barata y acusaciones infundadas para luego esconderse cuando se demuestra la exquisita labor municipal en cuanto al urbanismo, y este asunto es un ejemplo claro de repercusión pública que ahora se demuestra su legitimidad”

El primero de ellos se refiere al Plan Parcial de Playa Serena Sur. Tras aprobar este Plan y tramitar una modificación del mismo, la Junta no informó desfavorablemente a la actuación municipal ni recurrió su aprobación definitiva. Sin embargo, una vez otorgada la licencia de obras a la empresa Caniraga S.L. y ésta mercantil tener prácticamente terminada la edificación, la Junta solicita la revisión de la licencia de obras, por entender que era contraria a derecho la modificación realizada en el planeamiento que, en su momento, no fue recurrida por la Junta. La administración autonómica gana en primera instancia este contencioso administrativo, que el Ayuntamiento recurre al TSJA. El Alto Tribunal Andaluz entiende que la licencia de obras se ha dado con respeto absoluto al planeamiento aprobado en su día, al que la Junta dio su visto bueno, por lo que, da la razón a la labor desarrollada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Convenio de Gestión en Venta  Vitorino 

Este asunto se refiere a un convenio urbanístico de Gestión relativo a la unidad de ejecución 25.3.A del hoy derogado PGOU de Roquetas de Mar-1997, situado en Venta Vitorino en la Av. Carlos III. La Junta de Andalucía presentó un contencioso administrativo contra el Plan Especial que lo desarrollaba del que posteriormente desistió, para luego solicitar la revisión de oficio de la aprobación definitiva de este Convenio de Gestión.  El Ayuntamiento inadmitió esta revisión por carecer de base legal y la Junta recurrió al contencioso siéndole estimada su pretensión. Ahora, el TSJA estima el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Roquetas contra esta sentencia, que anula y deja sin efecto, confirmando la legalidad de la actuación municipal. Es más, el Alto Tribunal condena a la Junta al abono de las costas” por su evidente temeridad al haber interpuesto un recurso contencioso administrativo frente al PERI, para luego desistir del mismo”.

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